Santo Domingo.- Los casos de adolescentes víctimas de violencia registrados en Villa Altagracia y Santiago han reabierto una discusión que va más allá de los procesos judiciales: los riesgos asociados a la normalización de relaciones entre personas adultas y menores de edad, una problemática que especialistas vinculan con contextos de desigualdad, embarazos tempranos y vulnerabilidad para las adolescentes.
El caso más reciente ocurrió en Santiago, donde una adolescente de 17 años fue encontrada muerta con signos de violencia en un tramo de la avenida Circunvalación Norte. Por este hecho, un hombre de 32 años fue puesto a disposición de las autoridades y es investigado dentro del proceso judicial correspondiente.
Según informaciones preliminares divulgadas durante la investigación, ambos habrían mantenido una relación sentimental que habría iniciado cuando la joven era menor de edad. Las autoridades continúan recopilando evidencias para establecer las circunstancias del caso y determinar responsabilidades.
El hecho causó consternación entre residentes de San Francisco de Jacagua, comunidad donde la adolescente era conocida por familiares, vecinos y allegados.
Semanas antes, en mayo, otro caso ocurrido en Villa Altagracia generó alarma nacional. Una adolescente de 16 años fue víctima de feminicidio, un hecho que volvió a colocar en el centro del debate la violencia contra niñas y adolescentes y los factores que pueden aumentar su exposición a situaciones de vulnerabilidad.
Normalización de relaciones desiguales
Más allá de los casos judiciales, especialistas han advertido sobre los riesgos de que relaciones entre adultos y adolescentes sean aceptadas socialmente como situaciones habituales.
Durante un Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Claudia Saleta, gerente de Incidencia y Educación de Profamilia, explicó que la normalización de relaciones entre adultos y menores debe analizarse desde la perspectiva de protección de derechos de niñas y adolescentes.
Saleta señaló que estos vínculos están atravesados por diferencias de edad, condiciones sociales y niveles de poder que pueden colocar a las adolescentes en una posición de mayor vulnerabilidad. En ese contexto, la aceptación social de estas relaciones puede contribuir a que pasen desapercibidos riesgos asociados, entre ellos los embarazos en edades tempranas.
La especialista destacó que cuando una relación desigual es vista como algo normal por el entorno, pueden reducirse las posibilidades de que la adolescente reciba orientación, acompañamiento y acceso oportuno a redes de protección.
La problemática no solo tiene implicaciones en la maternidad temprana, sino también en las oportunidades educativas, el desarrollo personal y la capacidad de las adolescentes para tomar decisiones informadas sobre su futuro.
Embarazo adolescente y uniones tempranas: una realidad que persiste
La discusión ocurre en un contexto donde República Dominicana continúa enfrentando desafíos relacionados con la maternidad temprana y la protección de la niñez.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indican que el 15.9 % de las mujeres de 20 a 24 años tuvo su primer hijo antes de cumplir los 18 años.
La encuesta incluye indicadores sobre embarazo adolescente, uniones tempranas, violencia, salud, educación y protección infantil, con el objetivo de identificar avances y brechas en las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes.
Durante la presentación de los resultados, Carlos Carrera, representante de UNICEF en República Dominicana, destacó que esta información permite conocer los desafíos que enfrenta la niñez y la adolescencia y orientar acciones para garantizar sus derechos.
Mildred Martínez, directora general de la ONE, señaló que contar con datos actualizados permite identificar las áreas donde se requieren mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población.
Prevenir
Los especialistas sostienen que la protección de adolescentes requiere acciones preventivas que permitan identificar situaciones de riesgo antes de que deriven en consecuencias más graves.
Entre las medidas planteadas se encuentran fortalecer la educación, orientar a las familias, mejorar los mecanismos de protección y promover una cultura donde los derechos de niñas y adolescentes sean priorizados.
Los casos ocurridos en Santiago y Villa Altagracia vuelven a plantear una discusión pendiente: cómo evitar que relaciones con diferencias significativas de edad sean vistas como normales cuando pueden existir condiciones de desigualdad que afectan el desarrollo y la seguridad de las menores.
La respuesta, señalan los especialistas, debe centrarse en la prevención, la protección y la garantía de derechos de niñas y adolescentes.
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