SANTO DOMINGO.-El presidente Luis Abinader recibió el informe consolidado de la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación Dominicana, un documento estratégico elaborado con los aportes de más de 7,000 participantes de diversos sectores sociales. El mandatario afirmó que este diagnóstico servirá de base para diseñar una política de Estado de largo plazo y redactar una nueva Ley General de Educación, Ciencia y Tecnología.
El anuncio formal tuvo lugar en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, según reportaron las plataformas oficiales de la Presidencia de la República Dominicana.
La transformación del sistema educativo busca preparar a las nuevas generaciones para asumir los retos derivados de la inteligencia artificial, la innovación tecnológica y la Cuarta Revolución Industrial. El jefe de Estado argumentó que actualizar la enseñanza resulta indispensable para dotar a los estudiantes de herramientas acordes a las demandas globales vigentes. Asimismo, vinculó directamente esta reforma con la meta macroeconómica de duplicar el tamaño del producto interno bruto del país hacia el año 2036.
El proceso consultivo integró a ciudadanos, universidades, organizaciones sociales, la diáspora y representantes del sector productivo nacional. Abinader agradeció de manera explícita el respaldo político de los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes designaron delegados para enriquecer el debate. El gobernante enfatizó que la reestructuración pedagógica debe asumirse como una causa nacional colectiva y no como un plan aislado del Gobierno central.
En materia de asignación de recursos, el jefe de Estado reconoció que el incremento del gasto público en infraestructura, alimentación escolar, útiles y mejoras laborales para los docentes es insuficiente por sí mismo. El verdadero reto institucional radica en convertir dicha inversión en indicadores tangibles de calidad educativa. Sostuvo que cada peso presupuestado debe verse reflejado en mejores aprendizajes y capacidades analíticas para la población estudiantil.
El plan de reforma contempla además un enfoque inclusivo para mitigar la deserción y garantizar equidad en las aulas dominicanas. La estrategia incluye programas específicos para alumnos con necesidades especiales y alternativas de formación técnica para adultos rezagados que requieren reinserción laboral. De acuerdo con el dictamen oficial, el modelo pedagógico priorizará las matemáticas, las ciencias, la lectura y la escritura, complementadas con formación ética y el desarrollo del pensamiento crítico.
Por su parte, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló que la consulta popular reflejó una demanda ciudadana orientada a modificar estructuralmente el sistema y no a aplicar correctivos superficiales. El funcionario puntualizó que el mayor logro del ejercicio consistió en edificar un espacio de consenso para articular políticas públicas sostenibles. Aseguró que el Ministerio trabajará para traducir las conclusiones del informe en resultados medibles para cada centro educativo.
La articulación entre los distintos niveles formativos fue refrendada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía. El titular de la cartera ministerial aseveró que los datos recopilados permitirán unificar criterios entre la educación preuniversitaria, las academias de educación superior y los institutos técnico-profesionales. Esta cohesión sectorial pretende elevar la competitividad global de la mano de obra local.
Desde la perspectiva de la gestión pública, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, calificó el proceso como un ejemplo de gobernanza participativa que fortalece el tejido democrático. Paralelamente, la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Maira Morla, detalló que el documento final sintetiza tres pilares fundamentales exigidos por la sociedad: pertinencia técnica, calidad en las aulas y dignidad para la comunidad educativa.
El acto protocolar congregó a ministros, autoridades civiles y militares, directores de agencias estatales, empresarios, líderes sindicales y representantes de organismos internacionales. El consenso técnico alcanzado operará como la hoja de ruta legal y presupuestaria del sector para las próximas décadas, con el objetivo de blindar los programas académicos de los habituales cambios de administración política.
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