Santo Domingo.— Con la participación de representantes de los tres poderes del Estado y órganos de control, se realizó en el Senado de la República el Encuentro para la Conformación del Grupo de Trabajo que diseñará la Estrategia Nacional de Integridad Pública de la República Dominicana. Esta iniciativa forma parte del proceso colaborativo que el país impulsa junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde hace más de 18 meses.
Según destacó la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, esta visita al país dará paso a mesas de trabajo con cada institución convocada, utilizando como base los indicadores levantados en encuentros anteriores. “La meta es consolidar un sistema robusto de integridad pública que fortalezca la democracia, la transparencia y la confianza ciudadana”, explicó.
Precisó además, que este encuentro marca el inicio formal de la fase de formulación de la Estrategia Nacional de Integridad, que busca articular a todos los actores institucionales bajo un enfoque de corresponsabilidad y cooperación.
De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó la importancia de estas acciones conjuntas para continuar avanzando en el fortalecimiento de la ética pública. “El fortalecimiento de la ética no puede lograrse de manera aislada, sino mediante la coordinación de esfuerzos que impulsen la transparencia administrativa, el diseño de políticas y estrategias democráticas, y la implementación de mecanismos eficaces para prevenir la corrupción y fomentar una cultura de integridad que trascienda a toda la administración pública”, expresó.
Asimismo, el director de Ética de la DIGEIG, Yovanny Díaz, se refirió al compromiso de la República Dominicana con las recomendaciones establecidas por la OCDE en su evaluación del sistema de integridad nacional, reafirmando el interés del país en adoptar estándares internacionales y buenas prácticas en la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.
La creación de este grupo forma parte de un proceso colaborativo que involucra a entidades claves como el Poder Legislativo, representado por la presidencia del Senado de la República y la Cámara de Diputados como órganos de control, así como la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República; por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Presidencia del Consejo del Poder Judicial, entre otros órganos constitucionales y ministerios, como la Junta Central Electoral, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública, bajo la coordinación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
El evento reunió a representantes de diversas instituciones del Estado dominicano, quienes avanzaron en los lineamientos y mecanismos que regirán este grupo, el cual busca promover una cultura de integridad, transparencia y ética en la administración pública.
Este esfuerzo interinstitucional marca un paso decisivo hacia la implementación de políticas integrales que garanticen un servicio público íntegro, abierto y eficiente.
Trabajos realizados entre RD y la OCDE en materia de integridad pública
La República Dominicana ha fortalecido su Sistema de Integridad Pública mediante una colaboración estrecha con la OCDE, iniciada en 2023 con su participación en la medición de los Indicadores de Integridad Pública. Esta primera fase involucró a instituciones clave del sector público y permitió obtener un diagnóstico técnico sobre áreas fundamentales como acceso a la información, conflictos de interés, auditoría y control interno. A través de dos misiones presenciales, la OCDE sostuvo reuniones bilaterales y talleres interinstitucionales, sentando las bases para la formulación de la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública.
Como resultado de este proceso, se formalizó un acuerdo para el desarrollo de dicha estrategia, liderado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el respaldo de un grupo interinstitucional integrado por los tres poderes del Estado. En 2025, se ha iniciado una segunda etapa de evaluación, ahora enfocada en el sector justicia, incluyendo a instituciones como la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General. Este esfuerzo conjunto representa un hito clave para avanzar hacia una gobernanza más transparente, eficaz y alineada con estándares internacionales.
