La Haya.- El Gobierno neerlandés aplazó a después de verano su decisión sobre albergar en Países Bajos el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania (STCA) porque, anticipa, supondrá “una carga mucho mayor” que las cortes internacionales ya instaladas en La Haya, sobre todo “en términos de seguridad, detención y logística”.
El entusiasmo mostrado por Países Bajos durante las negociaciones de esta institución judicial se está convirtiendo en cautela. El Gobierno está interesado en albergar el tribunal especial y temporal, pero dice que tiene que calcular mejor los riesgos.
“Implicaría una carga mucho mayor que la de otros tribunales internacionales ya instalados en el país, especialmente en términos de seguridad, detención y logística», dijo.
Por esa razón, «se está estudiando crear una instalación integrada para enjuiciar, alojar y detener a los acusados en un solo lugar, aunque esto requerirá tiempo y recursos. En los próximos meses se analizarán los costes y se tomarán los pasos necesarios para una decisión formal tras el verano”, agregó el gabinete.
Ciberataques
El tribunal juzgará la invasión en sí como crimen porque la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción para ello, puesto que Rusia no es un país miembro. La CPI sí tiene jurisdicción y está investigando los crímenes de guerra y lesa humanidad durante la guerra en curso.
En una carta al Parlamento, Caspar Veldkamp, ministro neerlandés de Exteriores, explicó que ofreció acoger el tribunal “siempre que se cumplan tres condiciones”: que haya un amplio respaldo político y financiero internacional; que no afecte a las funciones de CPI; y que tenga capacidad suficiente para asumir la carga operativa y financiera, con apoyo de otros Estados.
El ministro está especialmente preocupado por posibles ciberataques por parte de Rusia y por la ya limitada capacidad carcelaria, subrayó después al diario De Telegraaf.
El sistema penitenciario está por encima de su capacidad, hasta el punto de que no es posible encarcelar a todas las personas ya condenadas, y el gobierno ha decidido comenzar a liberar a los presos dos semanas antes de que cumplan su condena, para hacer espacio para nuevos reclusos.
El STCA se creó mediante un tratado bilateral firmado en junio por Ucrania y el Consejo de Europa, tras más de dos años de negociaciones entre 36 países. “La creación de este tribunal es un hecho histórico: es la primera vez desde los juicios de Núremberg y Tokio que se exigirá responsabilidad penal a líderes políticos y militares por violar la prohibición del uso de la fuerza”, celebró Países Bajos.
Altos cargos
El tribunal se basa en la jurisdicción territorial ucraniana y se ha constituido como una entidad independiente, no como parte del sistema judicial de Ucrania. Su marco legal toma como referencia la CPI y otros tribunales internacionales.
Permite procesar a los tres principales cargos del Estado: jefe de Estado, jefe de gobierno y ministro de Exteriores, puesto que el crimen de agresión es uno de mandos, es decir, solo quienes tienen control real sobre la política y el ejército pueden ser responsables penalmente.
Pero, como gozan de inmunidad mientras estén en funciones, el tribunal iniciará investigaciones, interrogará testigos y redactará acusaciones, que solo podrán formalizarse cuando el acusado haya dejado su cargo, aunque recoge la posibilidad de celebrar juicios en rebeldía.
Otros altos cargos como el ministro de Defensa, el presidente del Parlamento ruso (Duma) o los mandos militares pueden ser procesados directamente, ya que no gozan de la misma inmunidad.
El estatuto también protege el papel central de la CPI como Corte permanente, por lo que tendrá prioridad sobre el Tribunal de Agresión si hay detenidos.
La CPI ya emitió en 2023 órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, y su comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, por deportación ilegal de niños ucranianos a zonas ocupadas por Rusia, un crimen de guerra.
Además de la CPI, Países Bajos es hogar de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), además del Tribunal de Kosovo y el Mecanismo Residual de los Tribunales Penales Internacionales (MICT), órgano de continuación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (que cerró en 2017) y para Ruanda (disuelto en 2015).
La ciudad de La Haya acoge, además, organismos que requieren de la protección del país anfitrión, como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), Europol, Eurojust y la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA).
En 2023 y el pasado junio, la CPI sufrió ataques cibernéticos dirigidos contra su sistema informático. En 2018, Países Bajos expulsó a cuatro agentes de inteligencia militar rusa que fueron sorprendidos intentando hackear los sistemas de la OPAQ.
