Santo Domingo.- El Ministerio Público concluyó este lunes la presentación de su solicitud de prisión preventiva contra los implicados en la Operación Lobo, un caso de presunta corrupción que involucra a militares de alto rango, policías, civiles y empresarios.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que esta vez están todos los actores: “Aquí están los sobornantes y los sobornados; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”.
Ortiz subrayó que, a diferencia de otros expedientes, esta investigación presenta una red completa. “Siempre se nos ha criticado que solo teníamos a uno de los dos lados. Esta vez están ambos. Eso fortalece el caso”, declaró al salir de la audiencia.
El equipo del Ministerio Público fue encabezado por Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
La solicitud fue presentada ante el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Además de prisión preventiva, el Ministerio Público pidió que el caso sea declarado complejo, por la magnitud de los hechos.
Debido a la hora avanzada, el magistrado Sena decidió recesar la audiencia hasta este martes 15 de julio a las 2:00 de la tarde, cuando continuará conociéndose la solicitud de medidas de coerción.
La Operación Lobo fue puesta en marcha como parte de las acciones contra la corrupción. La investigación apunta a una red que, a través de esquemas de sobornos, accedía y mantenía contratos con instituciones públicas, especialmente en el área de seguridad privada.
Entre los implicados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La supuesta estructura delictiva impactó a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las tres empresas distribuidoras de electricidad del Estado (EdeNorte, EdeEste y EdeSur).
Los cargos presentados incluyen soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme al Código Penal Dominicano, la Constitución y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
