Agencias.- El avance de la trata de personas muestra un fenómeno especialmente alarmante: cuatro de cada diez víctimas son niños, una proporción que en África Occidental alcanza seis de cada diez, lo que evidencia la creciente vulnerabilidad de menores ante redes criminales cada vez más complejas y mejor organizadas. Este incremento está vinculado a desigualdad económica, desplazamientos forzados y crisis climáticas que facilitan el reclutamiento y la explotación.
A esta tendencia se suma una transformación acelerada del delito, que se vuelve más tecnológica y más brutal, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). La dimensión digital ha modificado por completo su funcionamiento, ya que los criminales utilizan internet no solo para captar víctimas, sino también como plataforma para ejecutar modalidades que antes eran imposibles.
Entre ellas sobresalen los llamados “scam centers”, complejos donde las víctimas son trasladadas, sometidas a abusos físicos y obligadas a cometer fraudes masivos a través de llamadas y mensajes, una industria multimillonaria concentrada principalmente en Asia. El uso de inteligencia artificial agrava el escenario al permitir la creación de contenidos falsos, la manipulación de identidades y la alteración de imágenes con fines de explotación.
La UNODC advierte que, por primera vez, el trabajo forzoso supera a la explotación sexual como la forma más frecuente de trata, un cambio impulsado por un aumento de casi 40 % en los casos de explotación laboral desde 2019. Las autoridades consideran que este salto también refleja mejores herramientas de detección, que antes eran insuficientes para identificar este tipo de explotación.
Otra tendencia en ascenso es la criminalidad forzada, en la que las víctimas son obligadas a cometer delitos de los que los tratantes obtienen beneficios. Hoy representa el 8 % de los casos, una cifra que hace una década era mínima, y que presenta retos legales porque la coacción debe ser probada para evitar que las víctimas terminen encarceladas.
El organismo internacional señala que 73 países ya firmaron la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, clave para perseguir la trata en internet, aunque la brecha tecnológica limita a muchos Estados de ingresos bajos para equiparse y enfrentar delitos que evolucionan más rápido que las capacidades oficiales.
