El presidente Luis Abinader resaltó que, con las modificaciones de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, se establece la plataforma digital como único canal válido para gestionar los procesos de compras.
De igual forma, detalló que se incorporan modalidades como la subasta inversa electrónica, los acuerdos marco, la licitación abreviada y el sorteo de obras menores, las cuales permitirán dar respuestas más ágiles ante diversas necesidades.
Asimismo, se fortalece la trazabilidad, se reduce la discrecionalidad y se facilita la fiscalización en tiempo real, haciendo más eficientes y confiables las compras estatales.
La nueva ley también establece mayores controles y un régimen sancionador más estricto, concibiendo la compra pública como una política sostenible de desarrollo económico, que permite que los recursos del Estado lleguen a donde más se necesitan mediante procesos transparentes, eficientes e inclusivos.
“De la manera en que compramos como Estado depende en gran medida la calidad de los servicios que ofrecemos, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y la capacidad de generar bienestar para la gente”, señaló el jefe de Estado.
Al encabezar la inauguración del primer Foro de Contrataciones Públicas bajo el lema “Transformando la Compra Pública en Bienestar para la Gente”, el mandatario indicó que con la nueva normativa legal se fortalece la trazabilidad, se reduce la discrecionalidad y se facilita la fiscalización en tiempo real, haciendo más eficientes y confiables los procesos de compras estatales.
Finalmente, Abinader destacó que esta nueva ley privilegia la participación de mipymes, mipymes lideradas por mujeres y sectores tradicionalmente excluidos, además de crear requisitos simplificados para el Registro de Proveedores del Estado, con el objetivo de promover la participación local.
¿Qué cambia esta ley?
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas explicó que la nueva ley revoluciona el sistema con medidas concretas que asegurarán importantes mejoras, tales como:
Más transparencia y trazabilidad: Cada proceso de compra será visible y auditable, desde el inicio hasta su ejecución.
Régimen de consecuencias reales: Se incorporan sanciones penales para prevenir y castigar irregularidades.
Compras sostenibles e inclusivas: Se promueve la participación de mipymes y empresas lideradas por mujeres, con una reserva presupuestaria del 30 %.
Nuevas modalidades de contratación: Convenios marco y licitaciones abreviadas, que agilizan y eficientizan los procesos.
Tecnología al servicio de la gente: Se lanza la plataforma EficomprasRD, una tienda virtual para las compras menores, transparente y abierta.
Además, se establece un marco de coordinación entre los órganos de prevención y persecución de la corrupción, como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Unidad Antifraude de la Contraloría, para asegurar un monitoreo continuo.
