Luego de un largo y arduo proceso de conciliaciones, vistas públicas y acuerdos entre los diferentes sectores involucrados, el Congreso Nacional aprobó las modificaciones a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos. Fue un paso importante, fruto de intensas jornadas que buscaron equilibrar intereses económicos, sociales y medioambientales. Sin embargo, lo que debió ser un avance significativo hacia un marco legal más moderno y eficaz se encuentra hoy en un inexplicable limbo institucional.
El presidente Luis Abinader, haciendo uso de una prerrogativa constitucional que le asiste, expresó que observaría la pieza tan pronto le fuera remitida con el propósito de corregir lo que considera son errores en el texto aprobado.
Y esa es precisamente una de las características del proceso legislativo: permitir que una norma pueda perfeccionarse a través del diálogo democrático y, en este caso, la devolución al Congreso con las debidas puntualizaciones para un consenso más afinado.
Sin embargo, el Senado aún no ha remitido la ley al Poder Ejecutivo, generando preocupación ciudadana y dejando en evidencia un mal manejo del seguimiento para provocar un retraso que roza lo incomprensible.
Mientras tanto, el país sigue rigiéndose por una legislación deficiente y desfasada que no responde a los retos actuales del manejo de los residuos sólidos.
Se trata de un tema que afecta de manera directa la salud pública, el medioambiente, a la municipalidad y a la calidad de vida de millones de dominicanos porque cada día que pasa sin que el proceso institucional se complete, es un día perdido en la construcción de soluciones sostenibles para un problema que nos ahoga como sociedad.
Resulta frustrante —y para muchos un irrespeto— que luego del esfuerzo de legisladores, expertos y sectores sociales, la ley permanezca paralizada en un escritorio. Aquí no se está hablando de un asunto menor ni de un simple trámite administrativo, se trata de la diferencia entre seguir atados a un marco legal obsoleto o avanzar hacia una normativa que, con las observaciones presidenciales y el posterior debate congresual, podría convertirse en un instrumento más moderno y útil para enfrentar la crisis de los desechos en la República Dominicana.
Lo acontecido crea un escenario de incertidumbre donde cualquiera pudiera pensar que la intención es la de dejar que la ley se mantenga de un lado a otro cual pelota de ping pong en clara burla a los ciudadanos que pagan sus impuestos y merecen una respuesta urgente al acuciante problema de la basura.
Así las cosas, si ya el Congreso cumplió con la primera parte de su tarea y el Poder Ejecutivo está en disposición de cumplir con la suya, solo falta que se dé el paso lógico y necesario de que el Senado envíe la ley. Mantenerla retenida es prolongar la ineficiencia y la incertidumbre. Por tanto, es tiempo de que en respeto al trabajo realizado y, sobre todo, en respeto al país el ciclo institucional se cierre.
