Agencias.- Kazajistán dio un giro legal clave al sumarse a Rusia y Georgia con la aprobación en el Senado de enmiendas que prohíben la propaganda LGBTI, una medida que restringe su difusión en espacios públicos, medios de comunicación, telecomunicaciones e internet.
El proyecto, respaldado previamente por la Cámara Baja, queda ahora a la espera de la promulgación del presidente Kasim-Yomart Tokáyev, paso final para su entrada en vigor dentro del marco legal del país centroasiático.
Según los documentos explicativos, el objetivo declarado es proteger a los niños “de informaciones que dañan su salud y desarrollo”, una justificación que también sustenta la prohibición de la propaganda de la pederastia.
La iniciativa surgió tras una petición ciudadana presentada hace año y medio y fue redactada por un grupo de legisladores. De acuerdo con el diputado Yelnur Beisenbáev, las enmiendas modifican nueve leyes, entre ellas las relativas a derechos de la infancia, publicidad, comunicaciones, educación, cultura, cine y medios de prensa.
Beisenbáev precisó que la norma define la “propaganda de la orientación sexual no tradicional” y establece límites a su difusión, aunque aclaró que no contempla prohibir ni rechazar a personas pertenecientes a la comunidad LGBT.
En la misma línea, el diputado Yedil Zabirshin afirmó que pertenecer a la comunidad LGBT no está penalizado en Kazajistán, a diferencia de Uzbekistán, donde sí existen sanciones por esta condición.
La aprobación ha generado críticas de organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch, Civil Rights Defenders y el Norwegian Helsinki Committee, que ya habían cuestionado iniciativas similares en Rusia y Georgia.
Rusia adoptó esta legislación en diciembre de 2022, ampliando la prohibición de la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, pederastia y reasignación de género en medios, internet, publicidad, literatura y cine.
Georgia replicó el modelo en octubre de 2024, estableciendo penas de hasta cuatro años de prisión por cirugías de cambio de sexo y multas por difundir propaganda homosexual en instituciones educativas, bajo el argumento de defender la familia y los niños.
