Hermanas Mirabal.- La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, encabezó este jueves, en Salcedo, la difusión de los resultados del piloto del Primer Catastro Nacional Penitenciario y el lanzamiento de la iniciativa que, según informan, contribuirá a una mayor eficiencia del sistema penitenciario de República Dominicana.
Aseguran que sentará las bases para mejoras significativas en la vida diaria de los privados de libertad, el cuidado de su salud y la ampliación de su formación académica de cara a una efectiva reinserción social.
“El primer Catastro Penitenciario de la República Dominicana representa un paso fundamental hacia una gestión más estratégica, transparente y eficiente del sistema penitenciario, sentando las bases para mejoras significativas en las condiciones de reclusión y la reinserción social del penado”, dijo la titular del Ministerio Público en el acto celebrado en el Pabellón del Centro Penitenciario de la Fortaleza Juana Núñez.
“El sistema penitenciario de la atroz dictadura de Trujillo fue utilizado para orquestar la cobarde trama que terminó con el vil asesinato de las hermanas Mirabal, por lo que no podíamos escoger un mejor lugar que la tierra de estas heroicas mujeres para iniciar un proyecto tan significativo para el sistema de justicia y la democracia”, añadió Reynoso.
Explicó que con la implementación del catastro penitenciario en coordinación con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), cumple con el compromiso que hizo al asumir su gestión.
“El catastro penitenciario es un sistema integral y dinámico de recolección, registro y actualización permanente de información detallada sobre cada persona privada de libertad, la infraestructura y los recursos del sistema”, expuso.
Reynoso añadió además, por su naturaleza continua de recabar informaciones, el catastro permitirá una adaptación en tiempo real a las necesidades del sistema penitenciario, lo cual lo convierte en una herramienta vital para la planificación estratégica.
“Nos permite la toma de decisiones oportunas basadas en evidencia y vincular al interno a su proceso judicial, siempre tomando en consideración la preservación de todos sus derechos. Es una herramienta viva, que permite un conocimiento profundo y preciso de cada interno, desde su ingreso hasta su egreso, así como de las características de los recintos que los albergan”, sostuvo Reynoso.
Indicó que el catastro “permitirá segmentar la población penitenciaria para disponer de criterios claros y unificados en la clasificación de la población penitenciaria”, una función que permitirá diferenciar entre delitos menores y delitos graves y considerar otros factores relevantes como el perfil de riesgo, el tipo de delito y la edad del interno.
La directora de la ONE, Mildred Martínez Mejía, resaltó el compromiso del personal de esa institución con el catastro. “Este proyecto se originó a raíz de una solicitud de la Procuraduría General, orientada inicialmente a realizar un censo nacional de personas privadas de libertad”, dijo.
“El Catastro Penitenciario que hoy se lanza no es una iniciativa aislada. Es parte de un proceso más amplio de articulación institucional que busca asegurar que la información oficial sirva como un instrumento al servicio de la justicia, la equidad y la eficiencia”, sostuvo Martínez Mejía.
También Hernández Basilio resaltó el proyecto puesto en marcha. “En nuestro país, con esta iniciativa y plataforma habrá una diferenciación positiva con respecto a los demás países de la región, con relación a poder ver y conocer un conjunto de variables de las personas que están privadas de libertad y verlos más allá del último eslabón de la cadena de justicia”, dijo.
Respecto al piloto realizado en la provincia Hermanas Mirabal, la procuradora Reynoso explicó que cubrió unos 207 privados de libertad (186 hombres y 21 mujeres) sobre los que recabaron datos demográficos, socioeconómicos, criminológicos, jurídicos, de salud, educativos y psicológicos.
Adelantó, por ejemplo, que se identificaron a 26 personas privadas de libertad debido a la falta del pago de garantías económicas que se podrían cubrir con menos de 10 mil pesos aunque el sistema penitenciario consume en pocos días un costo superior a esa suma para brindarles alojamiento y comida.
El catastro levanta los datos biométricos de los privados de libertad y, además, los compara con la base de datos de la Junta Central Electoral (JCE), entidad que, como otras dependencias del Estado, apoya la iniciativa de la Procuraduría.
El cronograma de trabajo, iniciado en Salcedo, seguirá con los centros femeninos y La Victoria, un total de 9 que albergan unas 5,606 personas.
Luego seguirá en los centros masculinos de las zonas norte y este, así como en Santo Domingo que tienen unos 12,000 internos y, por último, los centros masculinos del sur y los recintos de menores, con unas 6,957 personas privadas de libertad.
De acuerdo al cronograma, para el 26 de septiembre del presente año, los equipos técnicos que lo implementan habrán concluido el Catastro Penitenciario y estará sistematizada toda la información.
Al finalizar la presentación del piloto realizado en la provincia Hermanas Mirabal, la procuradora general de la República tomó juramento a la directiva del consejo provincial para la Reforma Carcelaria de Hermanas Mirabal, cuyo consejo directivo lo integran: Jaime David Fernández, la senadora María Mercedes Ortiz, Martina Reyes, Lourdes Henríquez, Apolinar Fernández, Juan de Jesús García y Antonio de la Cruz.
Al acto asistieron la gobernadora de Salcedo, Lissette Nicasio; el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el juez del Poder Judicial, Fran Soto; la directora de la ONE, Mildred Martínez Mejía; el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio; el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército; la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz, y los diputados Lourdes de Jesús Vélez y Félix Hiciano.
También, el general de brigada Rafael Núñez Veloz, inspector general del Ejército Nacional; el alcalde de Salcedo, Juan Ramon Hernández, y Elizabeth Rodríguez, encargada de cárceles de la Oficina de la Defensoría Pública.
