Espinosa Pérez explicó que dicha disposición responde al Plan de Transformación de los Procesos Misionales de la Contraloría General, y como parte del establecimiento de controles preventivos para la ejecución y desembolsos de los recursos públicos, especialmente enmarcados dentro de la iniciativa de la supervisión material de obras, bienes y servicios.
“La misma representa un paso trascendental en el fortalecimiento de la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, al garantizar que el Estado solo asuma compromisos financieros sobre inmuebles que cumplan efectivamente con las condiciones técnicas y contractuales establecidas”, puntualizó el contralor.
Sostuvo que la presente resolución, que entrará en vigencia a partir del primero de marzo de 2026, establece que todo proceso de contratación de alquileres y arrendamientos, deberá constar de manera obligatoria, y previo al proceso de registro de TRE contrato en esta Contraloría, con un Informe de Inspección y Evaluación Técnica de dicho inmueble por parte de un personal técnico de la Contraloría, a los fines de validar las especificaciones técnicas estipuladas en el proceso de contratación y acuerdo contractual resultante; así como la correspondencia de las mismas con las obligaciones financieras a ser contraídas.
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