Agencias.- El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una nueva ley fiscal que canaliza miles de millones de dólares hacia el proyecto antimigratorio del expresidente Donald Trump, reforzando como nunca antes el gasto federal en seguridad fronteriza, detención y deportación de migrantes.
La legislación, calificada por Trump como una “ley grande y hermosa”, contempla un presupuesto de casi 170.000 millones de dólares en cuatro años. Con esos fondos, el Gobierno impulsará la contratación de más de 20.000 nuevos agentes, construirá centros de detención, ampliará el muro fronterizo e implementará tecnologías de vigilancia avanzada, incluida la inteligencia artificial.
La magnitud del gasto migratorio no pasa desapercibida: será ocho veces mayor que todo el presupuesto del FBI y 13 veces más alto que el de la DEA. El proyecto volverá ahora a la Cámara de Representantes, donde deberá ser revisado y aprobado para convertirse en ley.
Del monto total, 64.000 millones de dólares estarán destinados a la construcción del muro, mientras que otros 70.000 millones cubrirán los costos relacionados con la detención y deportación de migrantes, incluidos el transporte y el mantenimiento de los centros de retención. De acuerdo con el laboratorio de ideas conservador CATO, una vez entre en vigor, esta ley podría llevar la cifra de personas detenidas de 50.000 a más de 200.000 en todo el país.
El endurecimiento también alcanza los trámites migratorios y humanitarios. Por primera vez, se cobrará 1.000 dólares por solicitar asilo, una figura que hasta ahora no tenía costo. Además, el permiso de trabajo costará 550 dólares y tendrá una duración de apenas seis meses. Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares, y solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS) implicará el pago de 500 dólares.
Otro de los puntos polémicos es la creación de un impuesto del 3.5 % a las remesas, una medida que afectará directamente a millones de migrantes. En 2023, Estados Unidos fue el principal emisor de remesas del mundo, con más de 85.800 millones de dólares enviados al extranjero, según el Banco Mundial.
La ley también contempla recortes y restricciones en beneficios fiscales y de salud para migrantes, incluso para aquellos con estatus legal. Familias donde uno de los padres sea indocumentado o no tenga número de seguro social quedarán excluidas del crédito fiscal por hijos. Asimismo, se reducirán los fondos de Medicaid que reciben los estados que prestan servicios de salud a personas sin estatus migratorio legal.
Además, migrantes con visas de trabajo o TPS ya no podrán acceder a seguros médicos con subsidios federales, una medida que limita aún más el acceso a servicios esenciales para esta población.
