Santo Domingo, República Dominicana – . La Segunda Sala Penal Unipersonal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Clara Almonte, conoció este martes una audiencia relacionada con el proceso judicial seguido contra el señor Ángel Martínez, vinculado al caso privado del ciudadano Igor Ismoya.
Durante la audiencia, los representantes legales de Martínez destacaron la disposición del acusado de presentarse a todas las etapas procesales. “Lo que ha demostrado Ángel Martínez es su voluntad de asistir a todos los procesos, como se evidencia hoy con su presencia voluntaria”, afirmó su defensa.
Por otro lado, la abogada Aracelis Aquino se refirió a una disposición emitida previamente por la magistrada Fátima Veloz en torno a un proceso paralelo, donde explicó que como parte de la parte querellante no están solicitando prisión, sino una garantía económica.
“El Código Penal Dominicano, en sus artículos 319 y 320, establece que en este tipo de hechos procede una garantía económica. Nosotros, sin embargo, entendemos que sí se puede imponer una garantía real, porque es una forma de garantizar una futura reparación a las víctimas, aunque sabemos que la vida no se recupera”, argumentó Aquino.
La jurista, quien representa a dos víctimas del caso, el señor Paulino Lorenzo y su esposa —fallecidos en los hechos investigados—, subrayó el drama humano que ha dejado este proceso: “Tres niñas quedaron huérfanas. No saben hacia dónde ir. Han quedado en total desamparo”.
En cuanto al proceso relacionado con el caso IEC, otra de las abogadas participantes cuestionó la resolución emitida por la magistrada, considerando excesiva la medida de coerción impuesta.
“Se dictó una garantía económica de 50 millones de pesos cuando lo que procedía, por la naturaleza del delito y el comportamiento de los acusados, era una simple presentación periódica”, indicó la abogada. “El Ministerio Público no ha probado que hubo sabotaje. Y si bien la jueza se acoge al Código Penal, este establece penas de tres meses a dos años, lo cual hace desproporcionado solicitar prisión preventiva de 18 meses”.
Agregó que los acusados han mostrado desde el principio disposición a colaborar con las autoridades y que entre ellos se encuentra una sobreviviente del hecho, lo que refuerza la falta de justificación para una medida tan rigurosa.
Sobre el proceso judicial Los casos se desarrollan en el marco del cumplimiento de los procedimientos establecidos por el Código Procesal Penal Dominicano. La sociedad se mantiene a la expectativa del avance de las investigaciones y las decisiones que emanen de los tribunales competentes.
