Santo Domingo. Durante la presentación de pruebas testimoniales contra los acusados del supuesto entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G, según el Ministerio Publico alegatos detallan la compra irregular de bienes inmuebles y el uso de testaferros.
El MP informó este jueves de que culminó la presentación de pruebas testimoniales y que el caso que involucra a altos mandos militares con presuntamente defraudó al Estado con más de 4,500 millones de pesos avanza hacia la fase final de la presentación probatoria
Se recuerda que entre los principales imputados figura el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) durante las gestiones del expresidente Danilo Medina, quien enfrenta cargos relacionados con el desvío de fondos públicos, adquisición irregular de bienes inmuebles y uso de testaferros para ocultar el origen ilícito de los recursos.
En un comunicado, el Ministerio Público señaló que en la última audiencia fueron escuchados varios testigos, entre ellos, Cipriano Agustín, tesorero de la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, quien reveló que, pese a ser el encargado de las finanzas, no tenía conocimiento de los 9 millones entregados por el mayor general Adán Cáceres para la compra de un inmueble a nombre de la iglesia en la calle Jonás Salk, en Ciudad Universitaria.
Agustín aseguró que se enteró de la transacción únicamente a través de los medios de comunicación, tras el estallido del caso Coral.
También, declaró la fiscal Rosa Alba García, quien participó en varios allanamientos relacionados con el proceso, entre ellos, el realizado en la residencia de Lucía de los Santos Viola, en Cabirma del Este, Santo Domingo Este.
En ese lugar fueron ocupados documentos de propiedad administrados por ella, pero que correspondían realmente a su hermano, el general de brigada Julio Camilo De los Santos Viola, y a Adán Benoni Cáceres Silvestre, agregó el comunicado.
La fiscal Rosa Alba García aseguró que Lucía de los Santos Viola entregó de manera voluntaria al Ministerio Público una yipeta Toyota 4Runner, año 2018, registrada a su nombre, pero, perteneciente en realidad a su hermano Julio Camilo De los Santos Viola, «lo que evidencia su papel como testaferro en la red criminal», afirmó.
Asimismo, el fiscal Jensy Víctor declaró que en un allanamiento a la residencia de Julio Camilo De los Santos Viola fue ocupado un polígrafo propiedad del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), pese a que el acusado no tenía ya funciones en esa entidad, lo que evidencia un caso de desfalco.
Víctor añadió que, en otro allanamiento, realizado en una propiedad turística ubicada en el condominio Las Velas AT, en Juan Dolio, se ocuparon documentos y recibos de pago de mantenimiento que demuestran que el verdadero propietario del inmueble es el coronel Rafael Núñez de Aza, junto a su hija mayor Summer Laurice Núñez.
La propiedad figura a nombre de la empresa Unido Real State e Inversiones SRL, de la imputada Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Flete Guzmán, mecanismo utilizado para ocultar propiedades que Núñez de Aza no podía justificar con ingresos lícitos, de acuerdo con el órgano de persecución.
Con estas declaraciones, el Ministerio Público cerró la etapa de testigos y peritos, acumulando un total de 282 testimonios y peritajes, 1,076 pruebas documentales, 29 pruebas materiales y 132 informes periciales, añadió.
Ahora el proceso judicial avanza a la incorporación de las pruebas documentales y materiales, un trámite de exhibición y estipulación que precede a la presentación de las pruebas de la defensa de los imputados.
La audiencia, a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continuará el próximo jueves 14 de agosto próximo.
El Ministerio Público ha presentado cargos contra 48 personas (30 físicas y 18 jurídicas), acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El presunto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los imputados figuran el mayor general Cáceres, la pastora Guzmán Sánchez, Flete Guzmán, el coronel Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En la Operación Coral 5G, derivada de Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
