SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno ha contratado obras de infraestructura vial por un monto superior a los 31 mil millones de pesos, provenientes de los recursos obtenidos en la renegociación del contrato de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).
Durante una presentación en el Palacio Nacional, el mandatario detalló que de ese presupuesto global ya se han ejecutado más de RD$9,545 millones en proyectos de movilidad, conectividad y drenaje pluvial distribuidos en el Gran Santo Domingo.
El jefe de Estado explicó que los proyectos se encuentran en distintas etapas de desarrollo que abarcan desde infraestructuras concluidas hasta obras en fase de construcción, licitación o revisión de diseño.
Entre las obras ya inauguradas figuran las soluciones viales de la avenida Isabel Aguiar y la Plaza de la Bandera, ejecutadas con inversiones de RD$2,558 millones y RD$3,350 millones, respectivamente, con el objetivo de agilizar el transporte y mitigar el congestionamiento en puntos estratégicos de la capital.
Asimismo, las autoridades avanzan en la construcción del drenaje pluvial de la avenida Luperón mediante túneles y galerías de desagüe, divididos en los tramos Malecón-Plaza de la Bandera —con RD$134.4 millones ejecutados de un total de RD$2,482 millones— y el Kilómetro 9, presupuestado en RD$5,364 millones.
A estas intervenciones se suma el proyecto de la avenida República de Colombia, valorado en RD$11,475 millones, que contempla pasos a desnivel, retornos y un área verde de 24,000 metros cuadrados proyectada para concluir en diciembre de 2027.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, detalló que se construirá un nuevo puente basculante sobre el río Ozama, próximo al actual puente flotante, con una inversión aproximada de RD$4,500 millones y un plazo de ejecución de 24 meses.
El plan también incluye la ampliación de la avenida Las Damas en Santo Domingo Este, calculada en más de RD$1,000 millones, recurriendo a decretos de utilidad pública supervisados por Bienes Nacionales, la Contraloría y Catastro Nacional para garantizar la transparencia en los procesos de expropiación.
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