Santo Domingo. – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso 30 años de prisión a Yokeiry Coronado de la Cruz y su pareja, Jeider Montero Medina, tras declararlos culpables de tortura y barbarie, maltrato infantil y homicidio de una niña de siete años, ocurrido el 16 de agosto de 2025 en el sector Los Guandules.
Los condenados cumplirán sus respectivas penas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en San Cristóbal. Asimismo, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de la madre de la menor, quien se constituyó en parte civil.
La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público presentara pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que, según estableció el tribunal, demostraron la responsabilidad penal de ambos procesados. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 12 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el expediente, la niña permanecía bajo el cuidado de la pareja, que tenía la obligación de velar por su bienestar y seguridad. La investigación determinó que, durante julio y agosto de 2025, Coronado de la Cruz sometió a la menor a maltratos reiterados, mientras que Montero Medina, pese a conocer la situación, no la denunció.
El día del hecho, alrededor de las 6:30 de la tarde, Coronado de la Cruz solicitó la presencia de sus familiares en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, luego de que la niña presentara convulsiones. Al llegar, Alejandrina Rodríguez Polanco llamó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para informar que la menor estaba inconsciente.
Posteriormente, una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento y documentó lesiones relacionadas con los maltratos. Según la investigación, la versión ofrecida por Coronado de la Cruz sobre lo ocurrido no coincidía con los hallazgos forenses, lo que dio lugar a las actuaciones de las autoridades contra ambos acusados.
Durante el juicio, la doctora Yudelin Villanueva, médico forense del Inacif, explicó los hallazgos relacionados con la causa y el mecanismo de la muerte, y señaló que las condiciones de la menor correspondían al síndrome del niño maltratado.
Entre las pruebas presentadas también figuraron fotografías y videos recuperados mediante una extracción pericial de un teléfono, realizada por el ingeniero Eddy Ogando. Al referirse a esas evidencias, la jueza Yissell Soto indicó que el tribunal examinó su procedencia y la forma en que fueron incorporadas al proceso, y describió las imágenes como “espeluznantes”. Entre las lesiones observadas se encontraban quemaduras en las uñas y las palmas de las manos, además de otras heridas.
Al motivar la decisión, el tribunal sostuvo que la responsabilidad penal debía determinarse a partir de las pruebas y los hechos demostrados durante el juicio, y no por la imagen social o el comportamiento que los acusados mostraran fuera del contexto en el que ocurrieron los hechos.
Las juezas atribuyeron a Coronado de la Cruz la autoría intelectual de los hechos y a Montero Medina la coautoría. Ambos fueron declarados culpables de violar los artículos 295, 304 y 303, numerales 1 y 4, del Código Penal dominicano, así como el artículo 396, literales A y B, de la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, el tribunal ordenó el comiso de las pruebas materiales, que permanecerán bajo custodia del Ministerio Público hasta que la sentencia adquiera carácter definitivo.
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