Santo Domingo.– El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dará a conocer a las 7:00 de la noche de este domingo su decisión sobre la solicitud de medidas de coerción contra los 26 imputados en el caso Senasa 2.0.
La decisión fue anunciada luego de que el Ministerio Público y los abogados de la defensa agotaran sus respectivas réplicas y contrarréplicas durante la audiencia, en la que fueron expuestos los argumentos de ambas partes.
Inicialmente, el órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el proceso fuera declarado de tramitación compleja.
Sin embargo, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, informó que la institución modificó su solicitud respecto de nueve de los procesados y pidió que se les imponga arresto domiciliario, tomando en cuenta, según explicó, la colaboración que habrían ofrecido durante la investigación.
Ministerio Público afirma que 13 imputados admitieron los hechos
Camacho afirmó que 13 de los 26 imputados admitieron ante el tribunal los hechos que les atribuye el Ministerio Público, además de mostrar arrepentimiento y ofrecer disculpas.
El funcionario sostuvo que esas admisiones y la colaboración ofrecida por algunos de los procesados fueron tomadas en cuenta para solicitar una medida de coerción distinta a la prisión preventiva para nueve de ellos.
Entre los nueve para quienes el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario figuran Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Camacho también afirmó que la solicitud presentada por el Ministerio Público está sustentada en 706 medios de prueba y consideró que las admisiones realizadas durante la audiencia respaldan, a juicio del órgano acusador, los planteamientos de su investigación.
Defensa cuestiona la forma en que se produjeron las colaboraciones
Mientras el Ministerio Público sostiene que algunos de los imputados colaboraron voluntariamente y admitieron los hechos, la defensa cuestionó la manera en que se produjeron algunas de esas colaboraciones.
El abogado Santos Willy Liriano Mercado, defensor de Hannah Rachel Rodríguez Almánzar, sostuvo que algunos de los imputados habrían sido presionados para alcanzar acuerdos con el Ministerio Público.
El jurista afirmó que, según su versión, algunos procesados no admitieron responsabilidad, sino que expresaron su disposición de colaborar con las autoridades. Esta postura contrasta con lo expuesto públicamente por Camacho sobre las admisiones realizadas ante el tribunal.
Tribunal decidirá las medidas de coerción
Concluida la fase de debates, el juez Rigoberto Sena fijó para este domingo la lectura de su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas.
Para un grupo de los imputados, el Ministerio Público mantiene su petición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de tramitación compleja, mientras que para los nueve cuya colaboración fue destacada solicitó arresto domiciliario.
La decisión del magistrado establecerá las medidas cautelares que deberán cumplir los 26 procesados mientras avanza el proceso judicial relacionado con las alegaciones de irregularidades y presuntos actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Antecedentes de la investigación contra exfuncionarios y particulares
En una primera etapa, el Ministerio Público arrestó mediante la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
De acuerdo con el Ministerio Público, a los imputados se les atribuyen presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El órgano acusador sostiene que la investigación ha permitido recabar evidencias que, según su versión, apuntan a presuntos sobornos, adulteraciones de estados financieros y programas especiales que habrían sido utilizados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que habría existido un esquema que involucraba a funcionarios del Senasa y prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano. Estas afirmaciones forman parte de las imputaciones que deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
Operación Onco14 forma parte de las investigaciones
Como parte de las líneas de investigación relacionadas con el caso, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas por su presunta vinculación con un esquema investigado en torno al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y el Senasa.
Por este caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Según la información suministrada sobre el caso, Vargas Sánchez se divorció de Lora Cruceta en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, además de desempeñarse como auditora interna y externa del patronato que administra el IORC cuando este era presidente de la referida asociación.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario, de acuerdo con las medidas cautelares impuestas en el proceso.
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