Santo Domingo.– Más de 30 juristas, académicos, comunicadores, profesionales de la salud, investigadores y otras personalidades de reconocida trayectoria pública presentaron ante la Cámara de Diputados una propuesta de modificación a la Ley 74-25, que contiene el nuevo Código Penal, con el objetivo de incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y corregir disposiciones que, a su juicio, vulneran derechos fundamentales.
La iniciativa propone sustituir el contenido de los artículos 110 y 111 del Código Penal para que las mujeres, adolescentes y niñas, así como el personal de salud, no enfrenten persecución penal cuando la interrupción del embarazo se realice en cualquiera de estas tres circunstancias: para proteger la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo sea incompatible con la vida extrauterina o cuando sea consecuencia de una violación sexual o incesto.
Los firmantes sostienen que la redacción aprobada por el Congreso mantiene un régimen de penalización absoluta que no ofrece una respuesta adecuada a estas situaciones excepcionales y deja a mujeres y personal médico en una situación de incertidumbre jurídica.
Asimismo, cuestionan la denominada eximente contemplada en el artículo 111, al considerar que exigir que se hayan agotado «todos los medios científicos y técnicos disponibles» antes de interrumpir un embarazo para salvar la vida de una mujer constituye un criterio ambiguo que podría retrasar decisiones médicas urgentes y poner en riesgo la salud de las pacientes.
La propuesta también incorpora el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a recibir información clara, suficiente, oportuna, científica, comprensible y libre de coacción para que puedan tomar una decisión informada en cualquiera de las tres circunstancias excepcionales.
Los proponentes consideran que el Congreso aún tiene la oportunidad de perfeccionar la legislación, debido a que continúa recibiendo iniciativas para modificar distintos aspectos del nuevo Código Penal.
«El Código Penal todavía puede mejorarse. Incorporar las tres causales no solo responde a una demanda social sostenida durante años, sino que fortalece la protección de los derechos fundamentales conforme a la Constitución dominicana», expresaron.
En el documento explican que la propuesta busca ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a las pacientes como al personal de salud y eliminar disposiciones que podrían generar interpretaciones contradictorias en situaciones de emergencia médica.
La comunicación fue presentada por Mary Fernández Rodríguez, en representación de Magaly Caram, Ivelisse Acosta, Radhive Pérez, Cynthia Teresa Vega, Francisco Álvarez Valdez, Yasmin Chajlub del Campo, Ana Mitila Lora, Llilda Solano Rojas, Ada Wiscovitch, Fausto Rosario Adames, Gustavo Oliva Peña, Fabiola Medina Garnes, Alfonso Abreu Collado, Elvira Lora Peña, Yildania Taten Brache, Sonia Vásquez, Daniela Collado, Alexandra Sánchez García, Emil Vega, Máximo Martínez, Pasha Félix, Nicolás Vega, Rosario Espinal, Marielle Garrigó, María Angélica Haza, Tahira Vargas, Wanda Perdomo, Elka Scheker, Yulianna Ramón Martínez, Darys Estrella, Leidy Blanco, Varinia Caamaño Campos, Diana Lora Echavarría y Millizen Uribe, entre otros firmantes.
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