Santo Domingo– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) afirmo que el reportaje titulado “El otro Senasa: nutrición y diálisis, RD$13 mil millones bajo contratos de excepción en el SNS”, publicado por un periódico de circulación nacional, contiene interpretaciones que distorsionan la naturaleza jurídica de los procedimientos de exclusividad y que pueden generar percepciones erróneas sobre su legalidad y alcance.
En un comunicado oficial, la entidad explicó que aunque el trabajo periodístico sostiene que el Servicio Nacional de Salud utilizó “procesos de excepción”, estos no responden a decisiones arbitrarias, sino a la modalidad de exclusividad contemplada en la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación. Según la DGCP, este marco reconoce procedimientos especiales que pueden emplearse de forma excepcional cuando la naturaleza del bien o servicio así lo exige.
La institución enfatizó que presentar estas contrataciones como irregulares desnaturaliza el régimen jurídico vigente. Citó que el reglamento establece que los bienes o servicios de exclusividad son aquellos que solo pueden ser ofrecidos por un número limitado de proveedores, lo que obliga al Estado a ajustar el procedimiento a esa realidad del mercado. En ese sentido, subrayó que la exclusividad no busca evadir la competencia, sino garantizarla dentro de un universo reducido de oferentes calificados.
Por su parte, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, calificó como técnicamente incorrecta la afirmación de que esta modalidad evita la licitación abierta bajo el supuesto de que existe un único proveedor. Aclaró que la normativa no exige que haya solo un suplidor, sino que reconoce escenarios donde la oferta disponible es limitada por razones técnicas o especializadas.
Pimentel explicó que en servicios integrales como nutrición clínica y diálisis, la aplicación de esta modalidad responde a condiciones del mercado, tales como alta especialización, infraestructura crítica y exigencias regulatorias que reducen el número de empresas capacitadas para prestar estos servicios de manera segura y continua.
El órgano rector también señaló que estos servicios corresponden a áreas de alta complejidad médica, con requisitos técnicos y logísticos elevados. Los datos analizados por la DGCP muestran que la participación en estos procesos ha sido históricamente limitada —entre uno y cuatro oferentes— incluso bajo otras modalidades de contratación.
De acuerdo con la institución, pretender que estos procedimientos se desarrollen mediante licitaciones abiertas masivas desconoce la estructura real de un mercado altamente especializado y podría afectar la garantía del derecho a la salud, al comprometer la continuidad y calidad de los servicios.
Asimismo, la DGCP aclaró que los procesos del SNS incluyeron mecanismos de publicidad y apertura, como llamados a manifestación de interés que permitieron a potenciales oferentes expresar su disposición a participar. Indicó que esta herramienta tiene carácter informativo y no excluyente, por lo que nadie fue descalificado por no presentar dicha manifestación.
Finalmente, la entidad informó que ha conocido y decidido recursos administrativos vinculados a estos procesos, concluyendo que la exclusividad estuvo debidamente justificada, sin evidencias de violaciones a los principios de contratación pública ni restricciones indebidas a la competencia.
Aunque reconoció el valor del escrutinio público y del rol de los medios en una sociedad democrática, la DGCP insistió en la importancia de que estos debates se desarrollen con rigor técnico y precisión jurídica para evitar desinformación.
En síntesis, el organismo sostiene que las contrataciones de servicios de nutrición y diálisis realizadas por el SNS representan una aplicación legítima y necesaria de la modalidad de exclusividad, acorde con un mercado de oferta limitada y con el deber estatal de proteger la salud pública.
